Cuando por fin me atendieron, mostré mi credencial oficial y el documento de acceso.
El empleado revisó, asintió y me llevó a una sala privada.
La caja 317 contenía un pendrive, una carpeta con copias notariales y una carta escrita a mano.
Me senté. Porque las piernas me fallaban.
En el video del pendrive, Eduardo aparecía cansado pero lúcido.
“Mariana”, dijo mirando a cámara, “descubrí que Ramírez y Valeria presionaban a Diego. Le prometieron control total de la empresa si aceptaba un testamento nuevo que me vendieron como ‘actualización fiscal’. Me negué.
Si he muerto y Diego te echó, es porque siguieron adelante.
El testamento válido es el que está en esa carpeta, depositado también en la notaría de la calle Reforma.
Y dejo constancia de que cualquier documento posterior obtenido bajo engaño debe impugnarse”.
Lloré por la claridad con la que Eduardo describía nuestra fractura.
En la carpeta había extractos bancarios, correos impresos y un contrato donde Valeria intentaba quedarse con acciones que no le correspondían.
También había una hoja con la firma de Diego en un acuerdo redactado por Ramírez: no era un simple enfado, era una trampa.
Con todo eso busqué a una abogada: Carmen Ortega.
